SEMANA reveló presuntas irregularidades en la contratación de la Unidad para las Víctimas que habrían concentrado el control de la entidad en un clan político de Santander. El director, Adith Rafael Romero Polanco, fue declarado insubsistente y la investigación pone en duda la ejecución del presupuesto anual de 4,5 billones de pesos.

La denuncia describe atropellos contra funcionarios que se opusieron al presunto desvío de recursos y advierte que parte del direccionamiento podría haberse destinado a financiar campañas para las elecciones de 2026.

Según la investigación, el control de la entidad habría sido un premio para el senador Gustavo Moreno, oriundo de Barrancabermeja, quien habría respondido a los intereses del exalcalde Alfonso Eljach Manrique. Eljach habría puesto su maquinaria electoral al servicio de Moreno para que llegara al Senado en 2022 por la Alianza Social Independiente (ASI). Moreno pasó después al movimiento En Marcha, liderado por Juan Fernando Cristo, se consolidó como aliado del Gobierno en el Congreso y, tras la pérdida de personería de En Marcha, regresó a la ASI. Dio su visto bueno a la mayoría de los proyectos del Ejecutivo y respaldó candidatos afines del petrismo para la Corte Constitucional.

La influencia de Moreno en la Unidad comenzó a notarse desde 2024 y se intensificó cuando trasladó a sus fichas políticas de Santander a Bogotá. El control, según la publicación, se hizo evidente en junio, cuando el exescolta Adith Rafael Romero Polanco asumió como director general pese a no tener experiencia en el sector; su antecedente citado fue haber sido secretario de Gobierno en Barrancabermeja durante la alcaldía de Alfonso Eljach (2020-2023). En esa administración, Moreno trabajó como enlace para el desarrollo territorial y se benefició de varios contratos hasta 2021, antes de su llegada al Congreso.

De los 42 cargos directivos de la Unidad para las Víctimas, 22 estarían ligados directamente al senador y 19 de ellos provendrían de Santander. Entre las personas mencionadas figuran:

• Luis Gabriel Taboada Castro: jefe de planeación y director territorial de Urabá; habría sido gerente de la campaña al Senado de Moreno, aportó 42 millones de pesos en especie y participó en la administración de Eljach en Barrancabermeja.
• Francisco Yesid Triana Castillo: con tres direcciones en su hoja de vida; habría aportado 10 millones de pesos al proyecto político del congresista y estuvo en el gabinete de Barrancabermeja entre 2020 y 2023.
• Carlos Arturo Vásquez Aldana: jefe de la oficina jurídica de la Unidad; fue gerente de Aguas de Barrancabermeja.
• Alix Aguilar Tirado: dirige la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad; es oriunda del puerto petrolero.
• Luis Carlos Ayala Rueda: exalcalde de Lebrija (Santander) y subdirector de reparación individual.

La investigación describe un carrusel de designaciones que, según sus fuentes, habría beneficiado incluso a financiadores de la campaña de Moreno al Senado en 2022. La situación ha provocado indignación en un país afectado por la guerra, donde más de diez millones de personas son víctimas del conflicto y dependen de la atención que financia ese presupuesto.

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Denuncias internas señalan nombramientos polémicos, prácticas clientelistas y presuntos sobrecostos en contratación. La designación de Fredy Orlando Quintero Mogollón como subdirector, propuesta por Romero Polanco, ha provocado rechazo en la entidad. Quintero, alcalde de Chitagá (Norte de Santander) entre 2016 y 2019, es investigado por la Fiscalía como presunto integrante de las redes de apoyo al terrorismo del frente Efraín Pabón del ELN; en junio de 2020 la Fiscalía comunicó que el material probatorio indica que habría financiado a ese grupo armado y auspiciado actos delincuenciales. El proceso está en audiencia preparatoria para juicio. Ante esas denuncias, resulta llamativo que una persona acusada de apoyar a grupos considerados terroristas asuma responsabilidades en la entidad encargada de atender a las víctimas, bajo el Gobierno de Gustavo Petro.

En los pasillos de la Unidad hay malestar por la presencia de Quintero y por presuntas prácticas clientelistas. Un empleado del área de contratación, que habló bajo reserva con SEMANA, afirmó que la estructura política del senador Gustavo Adolfo Moreno Hurtado estaría imponiendo reglas para favorecer a sus allegados.

Algunas personas traídas de Santander, Norte de Santander y Boyacá no tienen la experiencia. Hay excesivos honorarios; los salarios se asignan a dedo y se ajustan los perfiles según los intereses del senador Moreno.

El informante citó el caso de una psicóloga nacida en Barrancabermeja que el año pasado recibió más de 4 millones de pesos como honorarios y ahora factura 9 millones. Fuentes sostienen que quienes desean conservar su vinculación con la Unidad deben alinearse políticamente con el senador Moreno. Un contratista, que pidió omitir su identidad por temor a represalias, relató que preguntan qué político respalda al candidato, sugieren hablar con Gustavo Moreno, cuestionan cuántos votos pueden aportar y en qué región se relacionan, e incluso revisan perfiles en redes sociales para decidir contrataciones.

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Además de las denuncias sobre clientelismo, hay interrogantes sobre la transparencia y presuntos sobrecostos en el manejo de recursos. SEMANA accedió a cientos de órdenes de compra entre junio y septiembre en las que las comunidades fijaron directamente precios durante los recorridos de la Unidad. Entre los casos que revisa la Contraloría General figuran:

• Ollas comunitarias por 19 millones de pesos.
• Plantas aromáticas compradas por 4 millones de pesos.
• Rituales indígenas que superan los 3 millones de pesos.
• En un evento en el Pacífico, kits de armonización por 1.000.000 de pesos y pagos a sabedores por 1.500.000 de pesos.
• Una orden de compra registró 150 uniformes deportivos a 40.000 pesos cada uno, pese a que los asistentes fueron 80; el documento consignaba tallas por 30 unidades S, 50 M, 50 L y 20 XL.
• La actividad deportiva fue complementada con un ritual indígena que costó 2 millones de pesos para elementos tradicionales de limpieza y armonización.

Un funcionario que participa en estas tareas declaró a SEMANA que uno de sus superiores le pidió inflar los costos, lo que vulneraría los principios de la contratación estatal.

Me dio la orden de elevar los precios del transporte para las personas que llegaban a los eventos. Si un transporte costaba 70.000 pesos, me dijo que pasara la factura por 300.000 pesos. Todo aquí es al doble, al triple.

El funcionario aseguró que ha intentado luchar contra ese esquema sin éxito y pidió la intervención urgente de los organismos de control.

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Funcionarios de la Unidad denunciaron que las irregularidades en el manejo de los recursos responderían a un plan para posicionar a un clan político de cara a las elecciones de 2026. A comienzos de 2025 se asignaron 4,5 billones de pesos; según cifras citadas por los denunciantes, solo se ha usado el 24 por ciento. Las transferencias corrientes al Fondo para la Reparación de las Víctimas muestran 25 por ciento de cumplimiento y la implementación de las medidas de reparación alcanza 9 por ciento, según informes de la Contraloría.

Es un desangramiento de los recursos. Es regalar recursos por regalar. Las personas que lideran estos procesos arreglan internamente con las comunidades: 'Pasan la factura, pero a mí me tienen que dar tanto. Ganamos todos o no ganamos'.

En actas conocidas por los denunciantes se registra presión por ejecutar los recursos con rapidez: 'Hay que gastar en lo que sea. Necesitamos resultados. Esta ejecución debe ser apresurada para rendirle cuentas al presidente, mostrar resultados'. Una contratista anónima aseguró que existe preocupación por una posible reducción del presupuesto si no se desembolsan esos recursos pronto. Denunciantes e informes de control advierten, sin embargo, una baja ejecución y un creciente número de contratistas sin resultados proporcionales a los recursos comprometidos.

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Además de los cuestionamientos financieros, empleados denuncian maltrato laboral en la llamada era de los 'santandereanos'. Se acusa a la dirección de retener honorarios de contratistas, obligarlos a trabajar fuera del horario laboral y restringirles el acceso a información necesaria para su labor. Otro denunciante afirmó que la sobrecarga ha aumentado por la no renovación de contratos de expertos y la contratación masiva de personas sin el perfil requerido: 'Están contratando masivamente porque hay un interés de por medio y es el senador Moreno. Están trayendo a personas sin el perfil, y nosotros estamos cargando todo el trabajo. Hay tareas y documentaciones retrasadas desde 2024'.

Utilizan su poder y condición para retener las cuentas sin ninguna justificación. En las conversaciones con los directores, nos dicen que 'ustedes se sacan solitos', como si se tratara de una amenaza.

Ambos denunciantes coincidieron en que los órganos de control no han actuado a tiempo y denunciaron una campaña interna para silenciar las quejas: 'Sentimos que la Procuraduría no está actuando de la manera correcta. Llevamos mucho tiempo esperando respuestas y no las hay. Nuestros derechos están en riesgo'. Funcionarios identificados con el sector petrista han elevado quejas ante la Casa de Nariño por el riesgo de corrupción: 'Esta gente no puede continuar', indicó uno de los que advirtió a altos cargos de la confianza del presidente.

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Fuentes internas aseguran además que el director Adith Romero dedica parte de su jornada a grabar videos para promocionar Omnilife, vistiendo prendas institucionales; en uno de esos materiales se le oye afirmar que el secreto para soportar el ritmo de trabajo es esa marca. También se denuncia que el acceso a la información sobre la gestión de la entidad se ha vuelto más restringido. El concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, ha recurrido a mecanismos judiciales para conocer detalles de las contrataciones, pero según las fuentes los datos no han sido suministrados de manera eficaz.

SEMANA contactó a la dirección de la Unidad para las Víctimas; el equipo de comunicaciones informó que Romero se encontraba en territorio y no podía atender la llamada. El senador Gustavo Moreno no respondió la solicitud de información.

Mientras las víctimas del conflicto armado esperan una atención integral por parte del Estado, la denuncia sostiene que el erario destinado a ese fin estaría comprometido por el polémico clan político de Santander, al que se exige mayor escrutinio público. La revista advierte que las decisiones de nombramiento y el manejo presupuestal requieren un examen riguroso para garantizar la protección de las víctimas y la integridad del erario.