El presidente de la República publicó en la red X que la reducción de la tasa de homicidios en Medellín, Barranquilla y Nariño obedece a la política de paz de su Gobierno.

La reducción de la tasa de homicidios de Medellín, como la de Nariño y Barranquilla, tiene una causa, así no le guste al alcalde: es la política de paz de mi Gobierno la que ha reducido la tasa de homicidios de Medellín.

El mensaje generó reacciones en usuarios de X que cuestionaron la atribución exclusiva del resultado al Gobierno.

¿Cuál política de la paz, presidente? No sea cínico al hablar de paz cuando en Colombia solo vemos inseguridad y un gobierno que complace a los bandidos nombrándolos gestores de paz.

Presidente, la caída de homicidios en Medellín, Nariño y Barranquilla NO es mérito exclusivo de su 'política de paz'. La realidad: bandas criminales en pausa, mesas de negociación sociojurídica estancadas, y la acción directa de la alcaldía y la policía son los que realmente sostienen la seguridad. Atribuir todo a su Gobierno es propaganda descarada: un intento de apropiarse de logros que no son suyos y de simplificar un fenómeno complejo en un eslogan vacío. Un mes récord de homicidios bajos no le da licencia para venderse como salvador de la seguridad, ni para minimizar el trabajo de quienes operan en el territorio día a día. La seguridad no se decreta desde Twitter; se construye con hechos, coordinación y evidencia concreta.

Según se señaló, los argumentos del presidente se basan en un análisis de la ONG Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), que pide mayor profundidad en el estudio de los resultados.

La seguridad más allá de la retórica. Febrero marca un hito para la seguridad en Medellín. Es cierto que la ciudad ha registrado el mes menos violento de los últimos 50 años. Sin embargo, al análisis le falta más profundidad para determinar si la presencia institucional en el territorio es la que garantiza este resultado y si esta es la causa principal.

Pregunta clave: en una ciudad donde existen unas 350 bandas ligadas a estructuras armadas organizadas ilegales, que tienen presencia permanente en el territorio, ¿es viable afirmar que la presencia de la institucionalidad es la que garantiza la tranquilidad?

La ONG advierte además sobre la dinámica de las bandas y las conversaciones sociojurídicas que se han instalado en la región.

¿Qué le falta a esta argumentación? Les respondemos: las bandas asociadas a estructuras armadas organizadas ilegales como la Oficina del Valle de Aburrá, Los Triana, El Mesa, Los Pesebreros, entre otras, no están enfrentadas en disputas internas o externas. Además, exista o no reconocimiento institucional, hay una mesa de conversaciones sociojurídicas instalada en la cárcel La Paz de Itagüí que, aunque está estancada, sigue dando muestras palpables de querer avanzar en el camino de la paz urbana.

¿No será mejor decir que: la acción institucional, tanto local como nacional, está contribuyendo a la reducción del homicidio y otros delitos? Aunque no lo quieran reconocer, la estrategia de seguridad integral, que no se limita únicamente a la fuerza, sino que incluye el componente de paz urbana, está salvando vidas.

Nota: el texto fuente parece incompleto.