Abelardo de la Espriella, candidato presidencial por el movimiento Salvación Nacional, presenta en la campaña por la Presidencia de Colombia una propuesta de seguridad que promete acabar con la política de Paz Total, construir megacárceles y erradicar de manera masiva los cultivos de coca.

“El crimen es el principal enemigo de la libertad, la paz verdadera y la estabilidad del país”.
“Con los criminales no habrá negociación”.

De la Espriella ha dicho que una de las primeras medidas al llegar al Gobierno será terminar la política de Paz Total impulsada por la actual administración, que él califica de traición a la patria.

Entre las propuestas concretas figura la construcción de 10 megacárceles, inspiradas en los centros de confinamiento contra el terrorismo que funcionaron en El Salvador, destinadas a recluir a quienes se nieguen a someterse a la justicia.

También plantea la destrucción de más de 300.000 hectáreas de cultivos de coca mediante fumigación, sustitución y erradicación manual, así como la reconstrucción técnica y moral de la fuerza pública.

En su plataforma incluye, además, la creación de un bloque de búsqueda contra la extorsión y un grupo de primera línea compuesto por veteranos y reservistas para reforzar la seguridad en los barrios.

¿Son factibles estas promesas? Analistas advierten que, aunque las medidas responden a una lógica de mano dura, su ejecución enfrenta obstáculos políticos, sociales y operacionales.

Jhon Mario González, analista político, valora las propuestas como bienintencionadas y de sentido común, pero plantea dudas sobre su viabilidad y los riesgos reputacionales que conllevan.

“Se acostumbró a vivir en medio del crimen”,

dice González para explicar la dificultad de que la sociedad acompañe procesos de choque contra la criminalidad. Añade que no ve claros los apoyos políticos en el Congreso para llevar a cabo una agenda tan ambiciosa en materia de seguridad.

“Podría haber muchos muertos y esa situación va a deslegitimar la política de seguridad”.

El analista advierte que la confrontación con grupos armados, dada la intensidad de la violencia en varias regiones, puede erosionar el respaldo ciudadano si las operaciones generan un alto costo humano.

González sugiere que, de llegar a la presidencia, De la Espriella deberá definir prioridades y trabajar en plazos: decisiones de corto, mediano y largo plazo más que iniciativas simultáneas.

Como medidas inmediatas propone tramitar legislación severa que pueda aplicarse con rapidez para mostrar resultados visibles a los ciudadanos y ganar legitimidad política.

“Los diálogos de paz deben acabarse, porque en Colombia no hay ningún conflicto político, lo que hay son bandidos y narcotráfico”.

En materia internacional, el analista plantea que la cooperación con países como Estados Unidos e Israel debería ampliarse más allá de recursos económicos para incluir capacidades humanas e inteligencia, acompañado de programas sociales.

Sobre las megacárceles, González recuerda que son proyectos de largo aliento que dependen de decisiones administrativas y de inversión que podrían demorar hasta un año, por lo que recomienda priorizar acciones de impacto inmediato mientras se planifican medidas estructurales.

En contexto, las propuestas de De la Espriella reabren el debate sobre las respuestas estatales frente al narcotráfico y la delincuencia y exigen evaluar no solo su eficacia operativa, sino también su sostenibilidad política y social.