El año pasado, el secretario de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, denunció un carrusel de contratación vinculado a un esquema de “contrataderos”, por el cual empresas intermediarias ejecutarían contratos estatales sin cumplir plenamente los procedimientos previstos en la ley.
Al analizar las denuncias, se determinó que esas organizaciones continuaron con sus esquemas y lograron suscribir convenios por cerca de medio billón de pesos.
Entre las compañías señaladas aparecen Aldesarrollo, Red Summa, Red Universitaria y el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (Cisp). Esas entidades habrían obtenido contratos con diversas dependencias públicas del orden nacional.
Según los señalamientos, las estructuras concentraron convenios en los meses previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y en la antesala del calendario electoral, lo que plantea dudas sobre la idoneidad de los procesos y el uso de intermediarios en la contratación pública.
Las revelaciones apuntan a prácticas que, de confirmarse plenamente, afectarían la transparencia y la competencia en la adjudicación de recursos públicos. Las investigaciones y las decisiones administrativas y judiciales que se deriven serán determinantes para deslindar responsabilidades y reparar posibles irregularidades.
