En Barranquilla, en el sector conocido como La Arenosa, avanzan las obras para la sede alterna de la Presidencia de la República donde despachará Abelardo de la Espriella, según anunció esta semana; imágenes captadas con dron muestran la adecuación de un inmueble ubicado dentro del Batallón Paraíso, junto a la Vía 40.

Las fotografías y los testimonios públicos han planteado interrogantes sobre el origen de los recursos para la obra, su costo y los límites legales de una eventual participación privada en un edificio que sería de carácter público.

Según informó Caracol Radio, la remodelación tendría un avance cercano al 80 %. En las obras trabajan más de 400 personas, muchas en jornadas que se extienden hasta las 23:00 para que los trabajos avancen con rapidez y, según circula públicamente, antes del 7 de agosto.

También se ha informado que el edificio de la Aduana está siendo desocupado —incluidas varias oficinas de la Cámara de Comercio de Barranquilla— para quedar a disposición del equipo que acompañaría al presidente electo.

Varios medios han publicado que ministros cercanos al mandatario electo podrían despachar desde el lugar y que la decisión busca ofrecer un espacio desde donde permanecer con equipo de trabajo más tiempo en la ciudad.

“Eso es lo que yo también he escuchado, que están buscando espacios en Barranquilla para estar más tiempo acá”.
“Sería una bendición para nosotros [...] no solo para Barranquilla, sino para La Guajira, Córdoba, Sucre, Cesar, San Andrés. Tener un presidente muy cerca de ellos es una posibilidad”.

En redes sociales han surgido críticas sobre la remodelación, que incluyen señalamientos sobre la apariencia proyectada del edificio y comparaciones con ciertas estructuras gubernamentales en el exterior.

La realización de obras antes de la posesión del presidente electo generó preguntas sobre el financiamiento. El gobernador del Atlántico explicó que la Gobernación no ha destinado recursos públicos para la obra y que la administración se ha limitado a coordinar aportes de empresarios privados, entre ellos materiales y carpintería.

También se ha señalado que no se trata de una construcción nueva, sino de la adecuación de una estructura existente —la que antes funcionaba como guardería militar— y que las intervenciones incluyen remodelación de oficinas, salas de reuniones, redes eléctricas y áreas de seguridad.

La recepción de aportes privados por parte de entidades públicas está permitida en determinados términos, pero exige actos formales de aceptación, documentación que identifique el origen de los aportes y su incorporación a los registros administrativos y contables correspondientes.

Hasta ahora no se conoce públicamente qué entidad habría recibido los aportes de empresarios del Atlántico ni bajo qué figura jurídica se habrían formalizado. Tampoco se ha hecho público un acto administrativo que respalde formalmente la destinación del inmueble como sede oficial de la Presidencia.

Ese vacío es relevante porque, antes de la posesión, el presidente electo no está facultado para actuar en nombre del Estado ni para recibir donaciones destinadas al ejercicio de la Presidencia. De ahí surge el principal interrogante institucional: si hubo aportes, ¿quién fue la entidad pública receptora y cómo se formalizó esa recepción?

La discusión, por tanto, no solo apunta al origen de los recursos sino al momento y al procedimiento a partir de los cuales una infraestructura puede considerarse oficialmente sede presidencial. La claridad administrativa y la documentación que ampare esos actos son, en este punto, las piezas pendientes para despejar las dudas públicas sobre el proyecto.