Procuraduría ordenó a mandatarios regionales y a las autoridades educativas ejercer labores de inspección y vigilancia para garantizar la prevención, atención y sanción de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en las instituciones escolares.
La medida incluye directrices explícitas para que las secretarías de educación y las jefaturas de control interno disciplinario regionales se apropien de funciones de control y supervisión frente a este tipo de hechos.
El Ministerio Público señaló que la obligatoriedad de la intervención abarca todas las formas de violencia: desde la física, pasando por la mental y psicológica, hasta la sexual.
"inspección y vigilancia" que garantice "la prevención, atención y sanción" de todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
En particular, se ordenó a los jefes de control interno disciplinario adelantar con diligencia los procesos por presuntos casos de violencia sexual en colegios y remitirlos de inmediato a las autoridades competentes.
"adelantar con diligencia los procesos por presuntos casos de violencia sexual en colegios y a remitirlos de inmediato a las autoridades competentes"
La instrucción busca reforzar los mecanismos institucionales de protección en el entorno escolar y asegurar que las investigaciones y sanciones se tramiten con prontitud.
Estas disposiciones pretenden articular la labor de los gobiernos regionales y las entidades educativas para mejorar la respuesta institucional frente a la violencia que afecta a la población menor de edad.
