Tribunal Superior de Bogotá confirmó que no avala el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, tras identificar errores en el cálculo de las penas, imprecisiones sobre el número de delitos y confusión en los montos que deben ser devueltos al Estado.
La magistrada ponente, Alma Gertrudis Chamat Lozano, señaló que en el proceso «no hay consenso respecto del número de peculados atribuidos al procesado y de su cuantía». Mientras que el juez de primera instancia consideró tres delitos de peculado, la Fiscalía se contradijo en varias audiencias al mencionar a veces dos y otras veces tres eventos.
La falta de claridad en la cuantificación y en la identificación de los delitos fue determinante para frenar la negociación. El Tribunal hizo especial énfasis en las discrepancias entre lo consignado en el expediente y lo expuesto por el fiscal en audiencias públicas.
«La cuantía del peculado por apropiación a favor propio se ha mantenido en $724.000.000, sin embargo, no sucede lo mismo con los delitos cometidos a favor de terceros».
En distintas intervenciones la Fiscalía aludió a cifras muy diversas —como 5.276 millones, 12.065 millones o 13.446 millones— para los peculados en favor de terceros. Según la Sala, esas variaciones son suficientes para improbar el preacuerdo, pues no existe claridad respecto de los delitos que acepta el procesado.
Otro punto crítico fue el reintegro de los recursos. El Tribunal aclaró que Olmedo López no solo debe devolver lo que recibió personalmente, sino que es responsable de garantizar la restitución de los dineros que entregó a terceros.
Con la improbración del preacuerdo, el proceso continúa su curso ordinario. La decisión subraya la necesidad de que la Fiscalía precise las imputaciones, cuantifique de manera consistente los perjuicios y formule propuestas de reparación claras para cualquier negociación futura.
