La Procuraduría General abrió una indagación previa por un escándalo de acoso sexual en la Gobernación del Magdalena durante la administración de Carlos Caicedo.

La medida fue adoptada de oficio por la Procuraduría Regional de Instrucción del Magdalena, que ordenó practicar pruebas para establecer si existen denuncias previas, vínculos laborales y actuaciones penales relacionadas con los hechos difundidos.

La indagación se inició tras la publicación de relatos de varias mujeres que señalaron conductas indebidas en el ambiente laboral de la Gobernación. El objetivo es esclarecer los hechos, identificar a los posibles responsables y determinar si procede una investigación disciplinaria que pueda culminar en juicio por presuntas faltas en el ejercicio de funciones públicas.

En paralelo, ante la Fiscalía General se habría presentado una denuncia formal contra el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por los presuntos delitos de acoso sexual, actos sexuales abusivos y acceso carnal con incapacidad de resistir. Varias mujeres señalaron que Caicedo y otros funcionarios cercanos al movimiento Fuerza Ciudadana las acosaron y que el supuesto acoso estaría vinculado a la posibilidad de ascender dentro del movimiento y en el ámbito laboral.

Fue un momento complicado, complejo, porque la única forma de poder escalar dentro del movimiento y de poder escalar a nivel laboral era acceder a las pretensiones que él en su momento nos pedía.

En redes se difundieron reacciones. Un mensaje atribuido a Julián Quintana afirmó que había denunciado al candidato presidencial por presunto acoso y abuso sexual y sostuvo que "usar el poder para someter mujeres es una forma de violencia miserable".

Desde Fuerza Ciudadana, varias lideresas políticas defendieron a Caicedo y afirmaron que las denuncias forman parte de un montaje para desacreditarlo. La exalcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, dijo que esto "no es más que un nuevo montaje contra Caicedo" y agregó que la publicación constituyó un insulto a las mujeres de Fuerza Ciudadana, al poner en entredicho que su trabajo y lealtad les hayan permitido ascender.

El partido rechazó los hechos en los que, según las denuncias, un grupo de personas habría usado su poder político para acosar y realizar solicitudes de carácter sexual a mujeres.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió celeridad en las investigaciones.

La apertura de la indagación por parte de la Procuraduría busca determinar la existencia de otras actuaciones y aclarar responsabilidades disciplinarias y, en su caso, penales.