La Comisión de Disciplina Judicial llamó a juicio disciplinario a la jueza Claribel Onisa Fernández Castellón por haber otorgado la libertad condicional al condenado contratista Emilio Tapia, informó SEMANA.

Fernández Castellón es jueza primera de Ejecución de Penas y Medida de Seguridad de Barranquilla. La Comisión formuló varios cargos disciplinarios relacionados con decisiones que, según su criterio, habrían contravenido el Código Penal, la Corte Constitucional y otras decisiones judiciales.

En términos generales, los cargos se refieren a tres autos y a la gestión de un recurso de apelación:

• Por haber emitido en el proceso 28007 el auto del 28 de marzo de 2025 con el que concedió una libertad condicional a Emilio Tapia, al parecer, de forma contraria a lo exigido por el Código Penal.

• Por haber emitido en el proceso 19953 el auto del 11 de abril de 2025 con el que concedió una libertad condicional a Emilio Tapia, imputándosele “a título de dolo” la descripción típica del delito de prevaricato por acción.

• Un cargo adicional señala que “se ha configurado en grado de probabilidad la falta disciplinaria prevista en el artículo 242 del CGD, concretado a la posible incursión en falta gravísima, a título de dolo”, lo que se traduce en una posible imputación de prevaricato por omisión.

La alta corte de Procedimiento Penal consideró, además, que la jueza habría retardado el trámite del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría el 11 de abril de 2025.

La Comisión la llamó también a responder por el presunto prevaricato por acción cuando, el 30 de julio de 2025, expidió un auto que dejó sin efecto la libertad otorgada en marzo y, posteriormente, habría concedido nuevamente la libertad condicional a Emilio Tapia, “con argumentos cuestionables”.

La nota cita a la representante por el Partido de La U, Saray Robayo, como vinculada públicamente con Emilio Tapia, mencionándola como su esposa y como su actual pareja.