Puente internacional Francisco de Paula Santander: los daños estructurales han provocado pérdidas económicas y alteraciones en el tránsito peatonal y de transporte entre Ureña y Cúcuta desde que se autorizó la suspensión del paso el 2 de mayo.

Vecinos y líderes comunitarios describen un impacto cotidiano que afecta con especial dureza a las personas mayores, comerciantes, transportadores y familias que dependen del cruce para acceder a servicios médicos, educativos y mercados.

Yolanda Carrillo señaló que, desde la suspensión del tránsito, muchos adultos mayores se ven obligados a caminar largos trayectos para llegar a sus citas médicas en el lado colombiano y, al regresar, deben esperar horas expuestos al sol hasta ser autorizados a pasar.

“Varios de ellos tienen dolencias. Sumado a eso, al regresar tienen que esperar horas bajo el sol hasta que los dejen pasar”.

Comerciantes locales aseguran que los cierres intermitentes han reducido significativamente sus ingresos. Víctor Buenahora explicó que las interrupciones le han generado pérdidas diarias de al menos 60.000 pesos.

Transportadores de Cúcuta reportaron también una caída en la demanda: en comparación con semanas anteriores, el flujo de pasajeros ha disminuido alrededor de 50 %, según sus cálculos.

El cierre del paso ha repercutido además en el servicio escolar. Padres y madres del barrio Escobal indicaron que el transporte escolar no está prestando servicio en esa ruta, por lo que las familias deben llevar a los alumnos hasta los colegios por sus propios medios.

“Si por alguna razón no nos rinde el tiempo, estamos obligados a esperar en el puente hasta que habiliten el paso. Incluso, algunos pagan más para ir hasta el puente Simón Bolívar o el de Atanasio Girardot”, explicó Geraldine Hernández.

Ante el panorama, la comunidad exige mayor agilidad en las labores de reparación y advierte que la situación podría haberse evitado con mantenimientos preventivos realizados con anterioridad.

La restricción del paso en un punto fronterizo tan transitado interrumpe la vida diaria de miles de personas y agrava la vulnerabilidad de grupos como los adultos mayores y las familias de bajos ingresos, mientras comerciantes y transportadores enfrentan pérdidas que repercuten en la economía local.