Coosalud EPS enfrenta un plantón indefinido en sus dos sedes de Cúcuta tras la suspensión de terapias, la incertidumbre en la entrega de medicamentos y restricciones en la atención de urgencias que afectan a decenas de familias afiliadas en Norte de Santander.

La protesta, iniciada por usuarios y representantes de niños y niñas con discapacidad, es liderada por la veedora de salud Viviana Sánchez Villamizar, quien atribuye la crisis a los retrasos en los pagos que la aseguradora mantiene con las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) del departamento.

Sánchez explicó que la veeduría ha participado en mesas de trabajo con organismos de control y directivos de la EPS para buscar soluciones; sin embargo, la gerencia regional ha señalado que la autorización de los desembolsos depende de la dirección nacional de la entidad.

“Los contratos siguen vigentes, pero las IPS han suspendido la atención porque no reciben los pagos”.

El cese de servicios ya se ha traducido en medidas concretas por parte de las IPS. Según la veedora, el Centro de Psicología y Terapia suspendió hace más de una semana los servicios de habilitación para cerca de 200 niños y niñas con discapacidad, debido a una deuda cercana a 2.000 millones de pesos.

Los menores afectados presentan distintos tipos de discapacidad reconocidos por la legislación colombiana y, en muchos casos, padecen enfermedades de alta complejidad que requieren terapias continuas, controles especializados y suministro permanente de medicamentos.

La interrupción de esos tratamientos pone en riesgo los avances alcanzados durante meses de rehabilitación y puede desencadenar complicaciones médicas que obliguen a hospitalizaciones o ingresos a unidades de cuidado intensivo, especialmente en pacientes con epilepsia y otras patologías que requieren seguimiento permanente.

Además, existe inquietud por un posible desabastecimiento de medicamentos e insumos. Los dispensarios mantienen la entrega de los productos disponibles, pero los operadores han advertido que, de no recibir los pagos pendientes, podrían suspender el suministro.

La red de atención también presenta otras limitaciones que afectan a los afiliados: suspensión de terapias especializadas, dificultades para acceder a consultas con especialistas, restricciones en el servicio de transporte asistencial y falta de atención de urgencias en algunas instituciones debido a la cartera pendiente.

La veeduría y las familias demandan la reactivación inmediata de los servicios y el pago de la cartera a la red prestadora. Advierten que, si no se soluciona la mora, las consecuencias sanitarias para la población más vulnerable podrían agudizarse en los próximos días.