Entre 2025 y lo que va de 2026, la evolución del conflicto armado en el Catatumbo ha registrado una preocupante escalada en el uso de drones con fines ofensivos y de inteligencia, con más de 60 ataques y un saldo de 75 víctimas.
La Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos —Corporeddeh— advierte que las cifras oficiales subestiman el alcance real de estos incidentes por un alto nivel de subregistro, señaló Enrique Pertuz, miembro de la organización.
Según los registros recopilados por la organización, entre 2025 y lo corrido de 2026 se contabilizan cinco civiles fallecidos, 21 civiles heridos, ocho integrantes de la Fuerza Pública muertos y 27 heridos como resultado de ataques con dispositivos no tripulados.
Los reportes documentan además daños colaterales en viviendas, sedes de puestos de salud, instituciones educativas, hoteles, cultivos y animales, lo que incrementa la afectación de las comunidades locales.
Las comunidades más impactadas son las de El Tarra, Tibú, Convención y El Carmen, territorios donde la modalidad criminal ha elevado el riesgo para la población civil.
El secretario de Seguridad del departamento, George Quintero, afirmó que la situación exige fortalecer las capacidades de prevención, protección y respuesta institucional frente a nuevas amenazas tecnológicas en escenarios de conflicto.
La escalada ha afectado actividades cotidianas y educativas: escuelas han recibido impactos de drones y en el corregimiento de Filo Gingo, del municipio de El Tarra, autoridades locales han denunciado riesgos serios para estudiantes y docentes.
El patrón descrito por las organizaciones de derechos humanos y las autoridades regionales subraya la necesidad de medidas urgentes de mitigación y protección para preservar la integridad de la población civil y la infraestructura básica en las zonas afectadas.
