El presidente Abelardo de la Espriella instruyó al Ministerio de Cultura retirar las imágenes públicas alusivas al excomandante del M-19, Carlos Pizarro, al considerar que constituían "apología a lo ilegal" y una forma de promoción del terrorismo.

La orden fue dictada desde la sede del Ministerio y fue transmitida a la titular de la cartera, Paola Holguín, con la instrucción expresa de eliminar esas representaciones de espacios públicos.

"Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara."
"Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos."

La decisión presidencial se suma a una resolución del Consejo de Estado, que días atrás suspendió el reconocimiento del sombrero de Pizarro como patrimonio cultural de la Nación, al advertir irregularidades en el trámite de su declaración.

El alto tribunal explicó que, en el proceso promovido por el Ministerio de Cultura durante la administración anterior, no se siguieron las etapas requeridas: la inclusión en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural (LICBIC) ni la evaluación sobre si el bien requería un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), pasos necesarios para su sometimiento al Régimen Especial de Protección.

Carlos Pizarro fue uno de los fundadores del movimiento insurgente M-19, cuyo historial incluye el robo de la espada de Simón Bolívar en 1974.

En 1986 asumió la comandancia del grupo y fue su último líder antes de la dejación de armas y la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco el 8 de marzo de 1990.

Tras la transición a la vida política, Pizarro fue proclamado candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19. Fue asesinado el 26 de abril de 1990 a manos de un sicario en un vuelo entre Bogotá y Barranquilla; su crimen fue calificado como de lesa humanidad en 2010.

La orden de retirar imágenes y la suspensión del reconocimiento patrimonial han reabierto el debate sobre los límites entre la memoria histórica y la potencial legitimación de actores vinculados a la violencia, así como sobre la rigurosidad de los procedimientos administrativos para declarar bienes culturales.