Un juez de Cúcuta dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequeira Delgado, los dos capturados en Colombia por su presunta colaboración en la huida de los señalados por la muerte de Yulixa Toloza, ocurrida tras un procedimiento estético ilegal. Los dos fueron aprehendidos el 19 de mayo después de haber ingresado desde Venezuela en la madrugada del 17 de mayo con el propósito de recoger un vehículo vinculado al caso.
Según las investigaciones de la Fiscalía y la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá, los tres presuntos responsables de la intervención quirúrgica —dos hombres y una mujer— trasladaron el cuerpo de la víctima desde Tunjuelito hasta una zona boscosa en Apulo, Cundinamarca, donde fue abandonado y posteriormente hallado por las autoridades.
Tras dejar el cuerpo, los presuntos responsables regresaron a Bogotá y se desplazaron después a Los Patios, en Norte de Santander. Allí dejaron el vehículo en el garaje de una vivienda con la promesa de volver a recogerlo, pero viajaron a Venezuela y no regresaron.
Posteriormente, la mujer capturada en Venezuela contactó a su tío, Hernández Morales, y a Sequeira Delgado y les ofreció 800.000 pesos para que fueran a Los Patios, recuperaran el carro y lo vendieran. En los mensajes que les envió por celular les pidió usar tapabocas y tomar medidas para evitar ser detectados.
Hernández y Sequeira cruzaron la frontera en la madrugada del 17 de mayo con el propósito de recuperar el vehículo, pero la Policía ya los había ubicado; les impidió recuperar el automóvil y los capturó el 19 de mayo. La Fiscalía sostiene que ambos tenían pleno conocimiento de que el vehículo había sido utilizado para cometer un crimen.
A los dos les imputaron los delitos de favorecimiento agravado y de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, cargos que no aceptaron en audiencia.
Los tres detenidos en Venezuela, que incluyen a la mujer señalada como presunta propietaria del falso centro de cirugía estética y al hombre que habría actuado como falso cirujano, deberán ser juzgados en ese país, ya que la Constitución venezolana no permite la extradición de sus nacionales.
El caso plantea retos de cooperación judicial entre las autoridades de Colombia y Venezuela y vuelve a poner en evidencia los riesgos de los procedimientos estéticos ilegales y las redes transnacionales que los facilitan.
