La Fundación Plan presentó el informe ‘Crecer demasiado pronto’, basado en el análisis de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2022–2025, que identifica a Norte de Santander entre los departamentos con una concentración intermedia de matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF), con una incidencia estimada de cuatro a seis casos por cada 100 registros.

El estudio sitúa en ese mismo grupo a territorios como Antioquia, Chocó, Sucre y Arauca, mientras que departamentos como Magdalena, Córdoba, Amazonas, Caquetá, Meta, Guaviare y Vichada registran las tasas más altas, de siete a diez por cada 100 adolescentes mujeres.

En contraposición, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, Tolima, Valle del Cauca, Putumayo, Cauca, Nariño y San Andrés y Providencia figuran entre los territorios con menor concentración relativa, con tasas de uno a tres por cada 100 adolescentes mujeres.

Panorama nacional

El estudio revisó 6.206 historias de niñas, niños y adolescentes y concluye que estas prácticas persisten como una forma de violencia que limita derechos y oportunidades.

Según los registros analizados, 5 de cada 100 adolescentes en Colombia se encuentran en un matrimonio infantil o una unión temprana forzada; en el universo de casos identificados esta proporción representa, según el informe, el 87,5% de los registros.

“Es una situación que limita sus oportunidades educativas, incrementa las cargas de cuidado y trabajo doméstico, y expone a las niñas a múltiples vulneraciones de derechos”.

El informe señala que el 70% de las adolescentes que son pareja de una persona adulta dedica la mayor parte de su tiempo semanal a los oficios del hogar, mientras que solo el 16,2% lo destina al estudio.

Se identificaron 2.167 niñas y adolescentes que viven como pareja de la persona reportada como jefa o jefe del hogar; de ellas, tres de cada cuatro no asisten actualmente a una institución educativa.

El estudio también precisa que el 96% de los casos corresponden a uniones entre una persona menor de edad y una persona adulta, y solo el 4% a uniones entre dos adolescentes.

Además, el 58,2% de los casos entre adolescentes y personas adultas presentan diferencias de edad entre 6 y 50 años, lo que en la práctica significa que hay niñas forzadas a convivir con hombres considerablemente mayores.

Marco legal y detección

El informe recuerda que, hasta la expedición de la Ley 2447 de 2025, existía ambigüedad jurídica que normalizaba el aval o el permiso de los padres en estas uniones. No obstante, subraya que las relaciones sexuales con niñas y niños menores de 14 años están tipificadas como delito en la legislación penal colombiana.

“La GEIH permite observar para el periodo analizado 2022–2025, un total de 6.206 casos a nivel nacional, de los cuales 206 corresponden a niñas y niños menores de 14 años”.

El reporte destaca además una brecha de género: el 62,6% de los casos involucra a niñas. Aunque la proporción de niños es menor en algunos rangos de edad, el número absoluto de casos en varones es notablemente superior al registrado para niños y adolescentes hombres de 14 a 17 años.

“Los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas son una realidad que suele permanecer oculta o normalizada. Detrás de cada cifra hay una niña o adolescente que ha visto limitadas sus posibilidades de estudiar, decidir sobre su proyecto de vida y ejercer plenamente sus derechos”.

— Ángela Anzola de Toro, presidenta ejecutiva de Fundación Plan.

El estudio también muestra que estas uniones no mejoran las condiciones económicas de los hogares: aunque el 86% de las personas adultas involucradas trabaja, el 97,5% percibe un salario mínimo o menos.

Se identificaron 309 adolescentes que ejercen la jefatura del hogar; más de la mitad trabaja y el 80% no continúa sus estudios.

La fundación propone intervenciones integrales y sostenidas, adaptadas a las particularidades territoriales, que incluyan prevención temprana, transformación de normas sociales y mejoras en la identificación de casos ocultos para reducir el subregistro.

El cierre del informe aboga por políticas públicas orientadas por esta evidencia estadística, con énfasis en la protección de derechos, el acceso a la educación y el acompañamiento institucional que permita erradicar las uniones y matrimonios infantiles en Colombia.