Nueva EPS admitió que su operación está en riesgo y que 11 millones de afiliados quedan en vilo tras anunciar que sus cuentas bancarias están bloqueadas por embargos judiciales derivados de 95 procesos interpuestos por distintas IPS del país. Estos embargos, que la entidad cifra en alrededor de 2,1 billones de pesos, han provocado la retención de recursos y el bloqueo de cuentas provenientes de las diferentes fuentes de financiación, afectando el flujo de recursos hacia la red prestadora y a los gestores farmacéuticos a nivel nacional.

La compañía, que está intervenida y en la que participa el Gobierno nacional, aseguró que la situación financiera es crítica. Además de los embargos, enfrenta la falta de información pública sobre sus estados financieros de 2023, 2024 y 2025. Actualmente, la entidad solo cuenta con los recursos del giro directo que recibe semanalmente para mantenerse en operación.

Como consecuencia de los impagos, instituciones y centros médicos han comenzado a dejar de atender a afiliados de Nueva EPS, y las gestoras farmacéuticas han suspendido la entrega de medicamentos. La EPS advirtió que, si los embargos se mantienen, su operación administrativa se verá seriamente comprometida y afectará la sostenibilidad financiera de una red de aproximadamente 5.000 prestadores a nivel nacional, muchos con alta dependencia financiera de la entidad.

Nueva EPS señaló que cerca del 80% de los embargos fueron instaurados por instituciones privadas y cuestionó a los juzgados por embargar recursos de la UPC que considera inembargables.

Además, indicó que cuatro juzgados concentran la mayor parte de los procesos. En el debate público sobre las EPS, el presidente Gustavo Petro amenazó con actuar contra las aseguradoras y expresó que es preferible liquidarlas porque, según él, el sistema de aseguramiento financiero en la salud es un enorme fracaso en Colombia.