La viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Lucy Maritza Molina, hizo un llamado directo a los grupos armados ilegales para que respeten los entornos escolares y mantengan a la comunidad educativa al margen de las confrontaciones en el Catatumbo, en una entrevista reciente.

La funcionaria expresó su preocupación por las afectaciones que continúan sufriendo las instituciones educativas de la región a causa del conflicto armado y rechazó que las escuelas se conviertan en escenarios de riesgo para estudiantes, docentes y familias campesinas.

“La escuela tiene que estar por fuera de las zonas de combate. No podemos permitir que grupos armados sobrevuelen con drones las sedes educativas o que las acciones violentas pongan en peligro a los niños y jóvenes”.

Según explicó, de las 780 sedes educativas existentes en la región, al menos 15 presentan dificultades para desarrollar actividades presenciales debido a las condiciones de seguridad. Entre las más afectadas mencionó la institución educativa del corregimiento de El Tarra, Filo El Gringo.

Molina recordó una reciente travesía institucional por Tibú, Teorama, Convención, El Tarra y Ocaña, durante la cual constató las dificultades que enfrentan las comunidades rurales.

Relató que encontró docentes preocupados por la situación de orden público y comunidades que siguen reclamando garantías para ejercer el derecho a la educación.

“Los campesinos y la comunidad educativa deben estar por fuera del conflicto. No podemos normalizar que la violencia llegue a las escuelas o a las viviendas de las familias”.

Durante su intervención, la viceministra destacó los avances que, según el Gobierno Nacional, ha experimentado el Catatumbo en materia educativa en los últimos años.

Indicó que en municipios históricamente afectados por el abandono estatal se amplió la cobertura de la educación media hasta grado 11. Como ejemplo mencionó el municipio de El Carmen, donde anteriormente solo dos de siete establecimientos ofrecían educación completa hasta el último grado de bachillerato.

La viceministra insistió en la necesidad de garantías institucionales y de seguridad para que la población escolar pueda acceder a la educación sin riesgo. Subrayó que proteger las escuelas es clave para preservar el derecho a la educación y la vida de las comunidades rurales del Catatumbo.