El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñalosa, solicitó al Gobierno nacional prorrogar por cinco o diez años el plazo de pago de la deuda de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta (EIS Cúcuta) con el Ministerio de Hacienda y destinar esos recursos a subsidiar el servicio de agua para los usuarios de estratos 1 y 2.
Además, pidió al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, una exención temporal del IVA hasta el 31 de diciembre para contrarrestar el efecto de la caída del dólar sobre el comercio local y aliviar a los compradores que pagan con divisas extranjeras.
Acevedo explicó que la economía de Cúcuta depende en buena medida del intercambio con Venezuela y que la reducción de la tasa de cambio encarece, en términos relativos, los productos colombianos para quienes compran con dólares.
Recordó que en 2015 la ciudad aplicó un alivio tributario que suspendió temporalmente el IVA para productos como alimentos, calzado, prendas de vestir, materiales de construcción y electrodomésticos, medida que buscó dinamizar el comercio fronterizo.
Seguridad metropolitana: en su presentación de proyectos prioritarios para ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, Acevedo propuso integrar los sistemas de videovigilancia de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios para fortalecer la seguridad del área metropolitana.
La ciudad proyecta instalar alrededor de 1.900 cámaras con inteligencia artificial y el alcalde aseguró que, al finalizar el año, espera contar con una de las mayores capacidades de videovigilancia del país.
En materia de salud, informó que el proyecto del policlínico de Atalaya ya fue radicado en fase tres y tiene como objetivo ampliar la capacidad de atención médica en uno de los sectores más poblados de Cúcuta.
Asimismo destacó el proyecto turístico del Cerro San Pedro, cuyos estudios se encuentran en fase tres, y que fue presentado al Gobierno nacional para gestionar financiación conjunta entre la Nación, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía.
Las iniciativas combinan medidas de alivio económico con inversiones en seguridad, salud y turismo que, según la administración local, requieren una respuesta coordinada del Gobierno nacional para mitigar la presión sobre las familias vulnerables y mejorar la infraestructura pública municipal.
