El asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera Nariño, de 50 años, en Cúcuta conmocionó al gremio y a las autoridades regionales; colegas y organismos de defensa de la libertad de prensa exigieron una investigación inmediata para esclarecer los móviles del crimen.

Herrera, con más de 20 años en el oficio, fue corresponsal en Norte de Santander e integraba la Junta Directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) calificó el hecho como un golpe devastador y señaló que Herrera había denunciado recientemente hechos de corrupción y problemas de orden público en la ciudad; la organización informó que está documentando el caso y dándole seguimiento.

“Hoy, el periodismo colombiano nuevamente está de luto. Nos duele profundamente el asesinato de Cristian Herrera en Cúcuta. Cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable para sus seres queridos, para el periodismo y para la democracia”.

La Policía Nacional condenó el asesinato y anunció que el Comando de la Metropolitana ordenó la articulación de un equipo investigativo de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) para esclarecer el hecho.

“De forma inmediata, el Comando de la Metropolitana ordenó la articulación de un equipo investigativo de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL)”.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, también condenó el crimen, expresó su solidaridad con la familia y solicitó avanzar en la investigación para identificar y judicializar a los responsables, al tiempo que exigió garantías plenas para el ejercicio del periodismo en todas las regiones del país.

La Defensoría del Pueblo repudió el atentado y su titular, Iris Marín, subrayó el efecto de estos crímenes sobre la libertad de expresión y el derecho de las comunidades a recibir información.

“Nos indigna y duele profundamente el asesinato del periodista Cristian Herrera. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus seres queridos, sus colegas y la Fundación para la Libertad de Prensa, organización de la cual era corresponsal en Norte de Santander e integrante de su Junta Directiva”.
“El asesinato de un periodista constituye una de las formas más graves de censura. Genera miedo, propicia la autocensura y afecta el derecho de las comunidades a recibir información sobre lo que ocurre en sus territorios. La democracia se debilita cuando informar pone en riesgo la vida”.

Las reacciones públicas coinciden en la exigencia de respuestas rápidas por parte de las autoridades y en la necesidad de medidas efectivas que protejan a quienes ejercen el periodismo, en especial en regiones con altos índices de violencia y control territorial.