Carlos Dueñas, concejal de Cúcuta por el Centro Democrático, está bajo la lupa del partido tras un video difundido el fin de semana en el que insulta y agrede a un trabajador de un supermercado en Cúcuta.
El caso tuvo amplia repercusión nacional y fue conocido por la dirección de la colectividad, incluido Gabriel Vallejo, y por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El directorio departamental del partido convocó a una reunión para analizar lo sucedido, escuchar al corporado y levantar un acta que será enviada al partido y al Consejo Nacional de Ética, Disciplina y Transparencia para su estudio.
La instancia nacional será la encargada de revisar si procede una medida sancionatoria conforme a los estatutos del partido.
"protagonista de conductas indecorosas que ocasionen daño al buen nombre del Partido".
El reglamento interno también señala las sanciones aplicables a faltas gravísimas:
"Para las faltas gravísimas realizadas dolosamente o con culpa gravísima, procede la suspensión de los derechos como miembro y la expulsión del partido. En el caso de aquellos miembros elegidos por voto popular para representar al partido en las corporaciones públicas".
Expertos en derecho político advierten que una sanción por parte del comité de ética o la veeduría no supone la pérdida automática de la curul, pero sí puede afectar la afiliación del militante y la posibilidad de ser avalado en procesos electorales futuros.
En el caso de Dueñas, toma fuerza la posibilidad de que, independientemente de la resolución interna, no le renueven el aval para las elecciones del próximo año.
Además del episodio del fin de semana, el concejal estuvo vinculado a una investigación por presunta violencia intrafamiliar en junio pasado, después de un partido de la Selección Colombia; fue trasladado a la URI de la Fiscalía y posteriormente quedó en libertad.
El lunes pasado, en un video, Dueñas reconoció públicamente que insultó, ofendió y empujó a un empleado del supermercado, ofreció disculpas por su conducta y asumió responsabilidad por los hechos ocurridos en los meses anteriores.
La decisión final corresponderá al órgano nacional del partido. El caso plantea, además, un debate sobre la disciplina interna y la responsabilidad pública de los representantes electos ante episodios de violencia.
