Congresistas de varias bancadas presentaron demandas ante el Consejo de Estado y otras instancias contra el gobierno de Abelardo de la Espriella por el decreto 1525 de 2026, que regula el ejercicio de la protesta pública y, según los demandantes, restringe derechos fundamentales.
Una de las primeras acciones la interpuso la senadora Jeniffer Pedraza, de la Alianza Verde, ante el Consejo de Estado, sustentada en cinco argumentos que cuestionan la constitucionalidad del decreto.
Pedraza sostiene que las restricciones al derecho a la protesta deben establecerse mediante una ley estatutaria aprobada por el Congreso y no a través de un acto administrativo, y critica además las disposiciones relacionadas con los mecanismos de diálogo durante las manifestaciones.
“hacerlo por decreto debilita la movilización y la división de poderes”.
La congresista también advirtió que la norma permitiría omitir mecanismos de concertación y habilitaría la disolución de protestas pacíficas ante simples bloqueos de vías, señalando que esa justificación se apoya en cifras gremiales no verificadas.
“bloquear una vía no es delito por sí solo, y el Gobierno lo justifica con cifras gremiales que él mismo reconoce como no verificadas”.
Desde el Pacto Histórico, los representantes Laura Daniela Beltrán Palomares y Camilo Torres presentaron igualmente una demanda contra el decreto 1525 de 2026, al considerar que sus disposiciones restringen el derecho fundamental a la protesta pacífica.
Beltrán explicó que la iniciativa busca impugnar las facultades del Ejecutivo para modificar las reglas que rigen las manifestaciones sociales y anunció recursos adicionales para evitar afectaciones a quienes participen en movilizaciones.
“Demandamos el decreto que acaba de firmar el gobierno de Abelardo de la Espriella, que modifica el Decreto 003 del 2021, porque busca limitar la protesta social. El actual gobierno no es ni el Congreso de la República ni la Corte Constitucional, por eso acudimos a estos instrumentos legales”.
Los representantes indicaron que acudirán también a la acción de tutela y solicitarán la suspensión del decreto, con el fin de prevenir posibles afectaciones a la participación en movilizaciones pacíficas.
Además, el primer vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, presentó otra demanda contra la norma, argumentando que las limitaciones al derecho a la protesta deben ajustarse a los parámetros fijados por la Corte Constitucional y respetar la reserva de ley.
“La Corte Constitucional ha establecido que las restricciones a la protesta deben respetar la reserva de ley y que una manifestación solo puede disolverse bajo condiciones estrictas de gravedad y necesidad. El Gobierno no puede crear nuevas restricciones mediante un decreto”.
En conjunto, las acciones buscan la suspensión del decreto y la revisión judicial de su conformidad con la Constitución, planteando un conflicto entre las competencias del Ejecutivo y los límites que el control constitucional y la ley fijan sobre la regulación de la protesta social.
