La Contraloría General de la República activó una Función de Advertencia y, a través de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), desplegó personal de Policía Judicial al Ministerio de Hacienda para iniciar una verificación y el recaudo de información, tras identificar riesgos presupuestales, financieros y contractuales que podrían comprometer la sostenibilidad fiscal.

El ente de control señaló que el Gobierno enfrenta presiones de caja, rezagos en reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación que podrían tensar la ejecución del presupuesto.

«Adoptar decisiones de transferencias, asignaciones presupuestales y nuevos compromisos financieros sin una fuente cierta de financiación, disponibilidad efectiva de recursos y capacidad fiscal suficiente profundiza las presiones sobre la caja del Gobierno nacional, compromete el equilibrio del Presupuesto General de la Nación, incrementa las necesidades de endeudamiento y genera una potencial afectación al patrimonio público.»

Tras levantada la restricción de la Ley de Garantías, se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones, un incremento del 22,5% frente al mismo periodo de 2022. La Contraloría advirtió además que la contratación directa superó las 11.000 operaciones en las últimas semanas.

«Llama la atención la contratación directa que supera los 11.000 contratos en estas últimas cuatro semanas.»

La Función de Advertencia subraya que las finanzas públicas enfrentan restricciones derivadas de un menor recaudo, el incumplimiento de metas de ingresos, la falta de ajustes al Presupuesto General de la Nación y nuevas necesidades de financiación.

«Cualquier aceleración de compromisos presupuestales, financieros o contractuales» debe estar respaldada por la capacidad financiera efectiva del Estado y por una posibilidad real de ejecución, advirtió el órgano de control.

En lo preventivo, la medida busca evitar que los riesgos identificados en procesos presupuestales y contractuales se materialicen en pérdidas de recursos públicos, afectaciones al patrimonio estatal o responsabilidades disciplinarias y fiscales para los ordenadores del gasto.

La Contraloría también investiga una operación de canje de bonos TES realizada en octubre, que según el ente podría haber trasladado costos de financiación a gobiernos futuros para obtener alivio de liquidez en el corto plazo.

Según el informe, desde octubre de 2025 la dirección de Crédito Público implementó una nueva estrategia de colocación de TES que aumentó la emisión de deuda de largo plazo sin utilizar el cupo aprobado por el Congreso en el Presupuesto General. En 2025 la mayor oferta derivada de esta estrategia rondó los 16,4 billones, mientras que el Ministerio decidió aumentar el endeudamiento de largo plazo con una emisión récord de $111 billones.

En la operación de octubre se canjearon 43,4 billones en bonos TES por 35,4 billones en nuevos títulos, reduciendo el saldo nominal de la deuda interna en alrededor de 8 billones. La transacción sustituyó bonos con cupones cercanos al 7,25% por nuevos títulos con cupones de 11,75% y 12%, lo que, según la Contraloría, aumentó los pagos anuales de intereses en cerca de 316.500 millones.

El Contralor General ya había emitido una Función de Advertencia al Ministerio de Hacienda en abril, señalando un manejo de la deuda que incluía un incremento acelerado del endeudamiento y condiciones financieras más restrictivas que comprometían el equilibrio fiscal.

En su análisis, la Contraloría señaló además una sobrestimación del recaudo tributario: el cierre de 2025 registró ingresos de 271,9 billones frente a una meta de 304,8 billones, lo que eleva la dependencia del endeudamiento para financiar gasto ordinario.

El órgano de control advierte que, sin ajustes que restablezcan balances entre compromisos y capacidad de financiación, las decisiones de corto plazo podrían profundizar riesgos para la sostenibilidad fiscal y el patrimonio público.