Gustavo Petro no podrá contar con los recursos previstos en los impuestos contemplados en el Decreto 1390 de 2025, expedido en diciembre pasado en Colombia, después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la reglamentación.
El Gobierno deberá ajustar el presupuesto y revisar la ejecución de los programas previstos con esos ingresos.
El presidente anunció que, tras la decisión del alto tribunal, propondrá una ley de financiamiento al Congreso para buscar fuentes alternativas de recursos.
La anulación de la reglamentación obliga al Ejecutivo a explorar vías legales para reemplazar los fondos esperados y añade incertidumbre a la gestión presupuestal en el corto plazo.
