Abelardo de la Espriella, presidente electo, anunció en la noche del lunes festivo, a través de sus redes sociales, una reducción del tamaño del Estado que incluye la eliminación de consejerías y la supresión de alrededor de 229 cargos ligados a la Presidencia.
En campaña, el jurista defendió la necesidad de disminuir la estructura estatal y planteó esa medida como uno de los ejes de su programa La Patria Milagro, aunque entonces no especificó cómo se efectuaría la reducción.
En su tercera alocución como presidente electo adelantó un remezón en varias dependencias de la Presidencia y detalló qué cargos desaparecerán y cuáles se transformarán para concentrar funciones en los ministerios y entidades con mandato legal.
"Voy a transformar la estructura de la presidencia en un centro de coordinación ejecutiva con una planta de personal sin corbatas, sin cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas... ahora todo será austero, eficiente y orientado a los resultados."
"Ordené eliminar consejerías, agencias y estructuras que duplican funciones, trasladando sus competencias a ministerios y entidades con mandato legal, fortaleciendo con ello la rendición de cuentas y reduciendo la burocracia."
Entre las primeras entidades que, según el presidente electo, desaparecerán figura la Consejería para la Reconciliación Nacional, cuyas funciones serán asumidas por los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.
Asimismo, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario será absorbida por las carteras competentes.
De la Espriella afirmó también que "las agencias que existen en la Presidencia de la República serán eliminadas" y que sus funciones continuarán desarrollándose desde los ministerios para evitar duplicidad y sobrecostos.
Entre las agencias que operan en el Ejecutivo y que citó como ejemplos se encuentran la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas.
De igual modo, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final —encargada de coordinar, asesorar y hacer seguimiento a las políticas derivadas del Acuerdo de Paz de 2016— dejará de existir y sus funciones, según el presidente electo, pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad.
"Se acaba el Comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno."
De la Espriella defendió que la reestructuración busca una administración más austera y eficaz, con mecanismos de rendición de cuentas más claros y sin nombramientos orientados a favores políticos.
El anuncio plantea una transición de competencias desde estructuras presidenciales hacia ministerios y entidades con mandato legal, con el objetivo declarado de reducir duplicidades y costos, y fortalecer la supervisión del gasto público.
