La evolución del conflicto armado en Catatumbo evidencia una preocupante escalada en el uso de drones con fines ofensivos y de inteligencia entre 2025 y 2026, según organizaciones de derechos humanos y autoridades regionales.
Sin embargo, las estadísticas oficiales y las que llevan las organizaciones defensoras se quedan cortas por el subregistro de ataques, advirtió Enrique Pertuz, miembro de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh).
La organización registró que entre 2025 y lo corrido de 2026 se han producido más de 60 ataques con estos dispositivos no tripulados, que dejaron un saldo de 75 víctimas: 5 civiles fallecidos, 21 civiles heridos, 8 integrantes de la Fuerza Pública muertos y 27 heridos.
Los reportes documentan daños colaterales en viviendas, sedes de puestos de salud, instituciones educativas, hoteles, cultivos y animales, lo que agrava la precariedad de las comunidades.
Las comunidades más afectadas son las de El Tarra, Tibú, Convención y El Carmen, territorios donde esta modalidad criminal continúa incrementando el riesgo para la población.
El secretario de Seguridad del departamento, George Quintero, señaló que estas cifras evidencian la urgente necesidad de fortalecer las capacidades de prevención, protección y respuesta institucional frente a nuevas amenazas tecnológicas en escenarios de conflicto armado.
La presencia de drones ha afectado también actividades académicas: se han reportado impactos en escuelas y riesgos recurrentes para estudiantes y personal educativo.
El alcalde de El Tarra, Eider Robles, denunció que en el corregimiento de Filo Gingo los estudiantes enfrentan serios riesgos y llamó la atención sobre la vulnerabilidad de los servicios y la infraestructura local.
Especialistas y autoridades locales reclaman medidas coordinadas que incluyan vigilancia tecnológica, protocolos de protección civil y apoyo a los servicios básicos para mitigar el efecto humanitario de esta nueva modalidad de violencia.
