Abelardo de la Espriella, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y el movimiento Avanza Colombia presentarán al presidente electo una propuesta llamada Vivienda Sin Cuota Inicial que pretende eliminar la barrera de la inicial —cerca de $50 millones— para facilitar el acceso a la vivienda.
La iniciativa busca que 330.000 familias se conviertan en propietarias entre 2027 y 2030, con un costo fiscal neto estimado en $6,29 billones. Los promotores señalan que el programa atendería cerca del 75% de la brecha anual de vivienda.
Cárdenas explicó que la medida está pensada para viviendas de alrededor de $157 millones (90 salarios mínimos) y que la construcción de ese volumen de unidades generaría actividad económica y empleo.
Según sus estimaciones, el plan podría generar cerca de 2,6 millones de empleos directos e indirectos y alrededor de $27,2 billones en actividad económica durante el cuatrienio.
«Es una propuesta ejecutable y responsable con las cuentas públicas; el costo neto es de apenas 0,07% del PIB, porque la construcción devuelve en impuestos cerca de tres cuartas partes de lo que cuesta; esto genera más empleo, más dinamismo económico y sentido de pertenencia en los colombianos. Está lista y a disposición del país».
Así funcionaría
El Gobierno paga la cuota inicial: un subsidio de $50 millones (28,6 salarios mínimos) cubriría el 31,7% de una Vivienda de Interés Prioritario (VIP), de modo que el hogar no aporta dinero al inicio. El subsidio podría financiarlo el Gobierno, las cajas de compensación o el Sistema General de Regalías.
El Gobierno sirve de fiador: el Fondo Nacional de Garantías (FNG) respaldaría el 70% del saldo durante diez años, muy por encima de las coberturas actuales. Un modelo de evaluación alternativa vía Open Finance (Circular 004 de 2024) reconocerá el pago de arriendo, servicios públicos y plataformas digitales, e integrará al crédito a hogares informales y a reportados de bajo monto.
El Estado cubre parte de la cuota: un subsidio a la tasa de interés equivalente a $355.793 mensuales reduciría la cuota a cerca de $700.000, similar a lo que una familia paga en arriendo, con la cuota fija en pesos de modo que un hogar con un solo ingreso de salario mínimo podría asumirla.
La vivienda llega con su entorno: cada proyecto se entregaría con colegios, centros de salud y espacio público previstos desde el diseño, financiados por el programa junto con ministerios, alcaldías y el sector privado mediante Obras por Impuestos, con una contrapartida municipal del 20%.
Los promotores detallan además que la familia tomaría «un crédito de $107 millones a una tasa subsidiada nominal de 8%, que, con una inflación del 6%, sería una tasa real de 2%», una política que el presidente electo propone para su programa de vivienda.
Los impulsores sostienen que, pese al costo inicial, el programa es autofinanciable en buena medida por la reactivación económica y la recaudación tributaria que generarían las obras y la actividad vinculada al sector. Plantean que su aplicación simultánea con políticas locales y mecanismos de garantía permitiría incorporar a hogares informales y reducir la segregación urbana.
La propuesta queda a disposición del nuevo gobierno como una alternativa para ampliar el acceso a la propiedad y dinamizar el mercado de la construcción, con el argumento de que su impacto social y económico compensaría la inversión pública requerida.
