Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, solicitó su libertad por vencimiento de términos ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogotá y denunció que no le han permitido practicar las pruebas que su defensa considera pertinentes; está privada de libertad desde 18 de diciembre de 2024.
Ortiz está procesada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Pese a llevar cerca de 500 días privada de la libertad, el juicio no ha comenzado.
En la audiencia reclamó una vulneración de sus derechos procesales y dijo que su equipo no ha podido practicar las pruebas documentales, testimoniales y técnicas que consideran necesarias para controvertir la tesis de la Fiscalía.
“¿Por qué se oponen? ¿Cuál es el miedo? Vamos por la verdad. Se lo digo a las víctimas: vamos a contarle al país la verdad; igual la van a saber. Tarde o temprano, todo se va a saber. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué no me acompañan a buscar mis pruebas?”
“Hoy no tengo una sola prueba, señora juez. No la tengo. ¿Cómo voy a ir a pelear con ese océano probatorio del que habló mi abogado? Y son más de cien mil archivos, cien mil archivos con más de, no sé cuántas, cientos de carpetas. Ahí está la prueba. Entonces, eso es muy difícil.”
La acusación señala que Ortiz habría tenido conocimiento de la forma en que se enviaron presuntos sobornos, en octubre de 2023, a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle.
En la imputación se citan las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y del exsubdirector, Sneyder Pinilla, quienes detallaron cómo se entregó el dinero en maletas. Pinilla afirmó que, siguiendo órdenes de Ortiz tras una reunión en Residencias Tequendama, se recolectaron tres mil millones de pesos en efectivo para trasladarlos al apartamento de Iván Name, en el nororiente de Bogotá.
Según la acusación, para el traslado se habrían utilizado las camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignadas al esquema de seguridad de la exconsejera.
La audiencia continuará el próximo jueves 16 de abril a las 9 de la mañana.
El caso forma parte del escándalo de la UNGRD que involucra a varios funcionarios y testigos clave; la defensa de Ortiz insiste en que la imposibilidad de acceder a la prueba documental y testimonial le impide ejercer plenamente su derecho a la defensa mientras el proceso no avanza hacia el inicio del juicio.
