Una lluvia de bombas sacudió durante la noche del sábado y la madrugada del domingo un campamento del Frente 33 de las disidencias de las FARC, ubicado entre Tibú y El Tarra, en el Catatumbo.

Las fuerzas militares recuperaron al menos cuatro cuerpos en el lugar, aunque el balance provisional de la operación aún estaba por establecerse y las acciones en la zona continuaban.

Según fuentes oficiales, en el campamento habría una veintena de integrantes de esa estructura armada. Testigos registraron el sobrevuelo de aviones Kfir y Super Tucano de la fuerza aérea durante la ofensiva.


El presidente reconoció que autorizó la acción militar y respaldó el trabajo del ministro de Defensa, Abelardo de la Espriella, y de la cúpula castrense. Durante una conversación transmitida por radio, el comandante en jefe detalló su participación en la orden.

“Anoche (sábado), mientras muchos colombianos descansaban, impartí la orden de ejecutar una operación de bombardeo en Norte de Santander contra un objetivo militar conocido como Frente 33, de las disidencias de alias Calarcá. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, mantuve comunicación directa con el ministro de Defensa y nuestra cúpula militar para autorizar la operación y hacer seguimiento”.
El ministro informó por radio que estaban listos “con todos los medios disponibles, para iniciar el bombardeo sobre el objetivo que usted conoce”.

El jefe de Estado añadió: “Excelente general, estoy atento al resultado”. También enfatizó que el Gobierno no permitirá que las estructuras narcoterroristas sigan sometiendo a las comunidades, desplazando familias y convirtiendo los territorios en corredores del crimen, y anunció que dará a conocer más detalles cuando disponga de nueva información.


La ofensiva es, según el Gobierno, la segunda de este tipo en la subregión y forma parte de cuatro operaciones de bombardeo dirigidas contra el ELN y las disidencias en los últimos días.

En reacción, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Víctimas del Conflicto Armado, Jorge Enrique Mora, indicó que recibieron reportes de las comunidades sobre la acción militar y respaldó los esfuerzos del Estado para contrarrestar a los grupos armados ilegales.

“Estas acciones deben estar coordinadas y no poner en riesgo a la población civil”.

El dirigente subrayó la necesidad de recuperar la seguridad en el territorio para facilitar la llegada de inversión social y privada, y advirtió que el conflicto armado dificulta la llegada de proyectos al Catatumbo y a Norte de Santander.

Las autoridades mantienen operaciones en la zona mientras avanzan las labores de verificación y consolidación del balance de víctimas y de daños. El caso sigue bajo investigación y el Gobierno ha prometido ofrecer más información conforme avance la operación.