Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, Norte de Santander registró ocho homicidios de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos, y ocupó el cuarto lugar nacional, detrás de Cauca, Antioquia y Valle del Cauca.
El dato adquiere relevancia en un departamento marcado por la confrontación armada en el Catatumbo, donde se han reportado desplazamientos masivos, confinamientos y ataques con drones en medio de la disputa por el control territorial entre el Eln y el frente 33 de las disidencias de las Farc.
De acuerdo con la distribución presentada por la Defensoría del Pueblo, durante los primeros siete meses del año se registraron 90 homicidios de líderes, lideresas y personas defensoras en 22 departamentos; Norte de Santander representa cerca del 9 % de los casos reportados en el país.
La cifra lo coloca por encima de departamentos como Nariño, Arauca y Chocó, que también registran una elevada incidencia de violencia contra los liderazgos sociales.
Una violencia que se mantiene en el tiempo
El balance de los primeros siete meses de 2026 forma parte de una tendencia que la Defensoría viene documentando desde hace años. Entre enero de 2016 y mayo de 2026 la entidad tenía registrados 1.732 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos.
La dimensión de esa cifra muestra que los homicidios contra quienes ejercen liderazgo comunitario o defienden derechos no son hechos aislados, sino una violencia sostenida que afecta especialmente a territorios con presencia de grupos armados y disputas por el control de corredores y rentas ilegales.
En Norte de Santander, el Catatumbo concentra uno de los principales escenarios de esa violencia; durante 2026 se ha profundizado la confrontación armada y se han multiplicado las afectaciones a la población civil.
El patrón registrado en 2026 refuerza la persistencia del riesgo para los liderazgos sociales en regiones con disputa armada y subraya la magnitud del desafío para la protección de comunidades y defensores de derechos humanos.
