Cindy Johana Lizcano Ochoa fue asesinada a tiros mientras participaba en la caravana fúnebre que acompañaba el cuerpo de su amiga en el barrio El Contento, en Cúcuta. El ataque ocurrió cuando la comitiva recorría las calles y dejó además dos personas heridas.
Antes de su muerte, Lizcano había publicado mensajes de cariño hacia la fallecida en redes sociales. En un comentario a un video de la víctima escribió:
“Te amaré por el resto de mis días, pronto estaremos juntas de nuevo, fue nuestra promesa”.
Ese mismo video, grabado en las instalaciones de la cárcel Modelo, dejaba entrever que Lizcano había salido a la calle tras obtener el beneficio de prisión domiciliaria. A la medida le había sido asignado un brazalete de vigilancia electrónica, que la mujer llevaba puesto al momento del ataque.
La caravana, encabezada por la carroza fúnebre que transportaba a la joven, iba acompañada por motocicletas y personas vestidas con camisetas con el rostro de la víctima. Según testigos, un hombre vestido de negro que se movilizaba en motocicleta desenfundó un arma y disparó sin detener la marcha, apuntando directamente contra Lizcano, que viajaba como parrillera en otra moto.
Los disparos la hicieron desplomarse sobre el asfalto; incluso cuando ya estaba en el suelo, el agresor habría continuado disparando para asegurarse de matarla. Al menos ocho disparos impactaron en su cuerpo, según el parte policial, y dos proyectiles alcanzaron a otras personas que se encontraban en la vía.
Una mujer resultó con heridas en la pierna y el glúteo derechos, y un hombre sufrió lesiones en el glúteo y la rodilla derechos. Los tres lesionados fueron trasladados a la Unidad Básica Loma de Bolívar, donde la condición de Lizcano fue calificada de grave; pocos minutos después de su ingreso el personal médico declaró su fallecimiento.
Las autoridades realizaron la inspección y recolección de material probatorio en el lugar. Durante la inspección técnica al cadáver, la Brigada Interinstitucional de Homicidios observó el brazalete electrónico que Lizcano portaba, un dato que los investigadores consideraron relevante para las indagaciones sobre el móvil del crimen.
Lizcano no era ajena al sistema judicial. Según la investigación, estaría vinculada a la banda conocida como Los Páez, dedicada a secuestros extorsivos y robos que habrían afectado a más de 25 personas. La organización, que operaba mediante anuncios falsos de venta de vehículos para atraer a las víctimas, fue desarticulada tras una operación que incluyó diez órdenes judiciales y la captura de sus integrantes en mayo de 2023.
Tras su detención, a Lizcano y a otros nueve miembros de la banda se les cambió la medida de aseguramiento en centro carcelario por casa por cárcel. En la investigación consta que ella participaba en la recepción de posibles compradores en la terminal de transportes o el aeropuerto, para conducirlos luego a lugares donde eran retenidos por miembros armados del grupo.
La caída de la organización comenzó a finales de abril de 2023, cuando un secuestro fallido permitió identificar a varios de los responsables y avanzar en las órdenes de captura ejecutadas al mes siguiente.
El doble contexto —la condición de beneficiaria de prisión domiciliaria y la vinculación a una estructura delincuencial— plantea interrogantes sobre las medidas de control y el riesgo que enfrentaban quienes, como Lizcano, intentaban reinsertarse o movilizarse fuera del centro carcelario. Las autoridades anunciaron investigaciones para esclarecer la autoría y el móvil del ataque, en medio de la conmoción que dejó el homicidio durante un sepelio público.
“Tuve que dejar a mi hijo en el cementerio y a él le tocó quedarse solito en el silencio”, dijo Lizcano en otra publicación pública, un mensaje que ahora resuena con la tragedia de su propia muerte.
La investigación continúa abierta y las autoridades buscan identificar al agresor y establecer si el homicidio responde a ajustes entre grupos criminales, razones personales o a otros motivos relacionados con la actividad delictiva atribuida a la víctima.
