Tras el pronunciamiento del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y la orden para retirar obras del Museo Nacional de Colombia, la controversia en torno a la intervención de la institución se intensificó.
La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió en sus redes sociales la remoción de al menos 30 obras, argumentando que algunas piezas promoverían ‘‘adoctrinamiento político’’ y difundirían ‘‘versiones sesgadas’’ que servirían como ‘‘multiplicador de la agenda gubernamental’’.
«El Museo Nacional NO puede ser un espacio de apología al delito o revictimización, tiene que observar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición».
«El Museo Nacional es un espacio para todos los colombianos, que debe velar, entre otros, por los derechos fundamentales de los niños, que son prevalentes de acuerdo al artículo 44 de la Constitución, y, por tanto, debe protegerlos del acceso a material sensible».
El Ministerio indicó que la museología y la curaduría están siendo evaluadas y rediseñadas para «cumplir la misión de salvaguardar, investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural, histórico y artístico de la Nación», y para que los espacios funcionen como lugares de memoria, identidad y transformación social.
Según las primeras informaciones, ya se inició la remoción de piezas en al menos tres salas de exhibición permanente. Las obras señaladas harían referencia a la historia de movimientos como LGBTIQ+ y feministas, así como a la trayectoria política de la Unión Patriótica y al proceso de paz.
Entre los elementos que podrían ser retirados figuran la bandera del orgullo asociada a la activista Elizabeth Castillo, afiches de campañas presidenciales de la Unión Patriótica y un brazalete de la Alianza Democrática M-19.
También se ha reportado que el muro dedicado a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y símbolos vinculados al acuerdo de paz, como el bolígrafo simbólico de la firma, podrían verse afectados, lo que dejaría espacios vacíos en las salas visitadas en estos días.
Fuentes consultadas indican que el desmonte inicial podría alcanzar hasta treinta obras de distintas salas de exposición permanente, un hecho inédito en los más de doscientos años de historia de la institución.
Además, las removidas forman parte de archivos que incluyen imágenes de la campaña presidencial de Carlos Pizarro en 1990 y de Bernardo Jaramillo Ossa, dirigentes asesinados cuyo registro forma parte de la memoria histórica contenida en la colección permanente.
Familiares y voces críticas han denunciado que la medida no se ha desarrollado siguiendo los procesos curatoriales habituales, que definen los detalles de la museografía en exhibiciones temporales y permanentes.
«Nunca podrán matarlo», escribió María José Pizarro, quien agregó que el gobierno decidió ‘‘asesinarlo nuevamente... como en los tiempos del fascismo paramilitar’’.
Las reacciones públicas reflejan un choque entre la interpretación del Ministerio sobre la protección de derechos fundamentales y las preocupaciones de sectores que defienden la preservación de archivos y testimonios como parte de la memoria colectiva.
El retiro de obras en una institución central para la preservación histórica y cultural abre un debate sobre los límites entre la curaduría, la memoria y las decisiones políticas, y plantea preguntas sobre los procedimientos institucionales para intervenir colecciones públicas.
