La Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró los esquemas de seguridad asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, tres personas cercanas al petrismo.
La decisión se adoptó tras una nueva evaluación de las condiciones de seguridad de los tres. El análisis concluyó que no existían elementos suficientes para justificar la continuidad de los dispositivos de protección.
El costo conjunto de esos esquemas para el Estado rondaba los $40 millones cada mes.
La medida, revelada por el diario El Tiempo, se toma en medio de la controversia por las condiciones bajo las cuales se concedieron algunos de estos esquemas durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La retirada reactiva la discusión pública sobre los criterios técnicos para asignar protección estatal y el impacto fiscal de esos dispositivos, temas que permanecen en el centro del debate político.
