Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, hoy senador del Partido de la U, fue declarado responsable en primera instancia por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato para el mejoramiento y mantenimiento de la vía Salazar-Arboledas en agosto de 2010, cuando se desempeñaba como secretario de Infraestructura de Norte de Santander, según resolvió la Corte Suprema de Justicia.
En el fallo de primera instancia, contra el cual aún procede el recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal, el alto tribunal impuso una pena de 102 meses y un día de prisión —algo más de ocho años—, además de una multa equivalente a 125 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por más de nueve años.
No obstante, los magistrados absolvieron al senador del cargo de peculado por apropiación en favor de terceros, al considerar que las pruebas aportadas durante el proceso no fueron suficientes para demostrar esa conducta penal.
“No se demostró que la diferencia de precios con la subcontratación de algunos ítems fuera una apropiación de recursos públicos, ni que existiera una multa impuesta y exigible”.
La sentencia es de primera instancia y su efecto queda sujeto al resultado del trámite de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde la defensa podrá solicitar la revisión del fallo.
El proceso judicial continuará su curso mientras las partes agotan los recursos previstos por la ley, y la decisión definitiva dependerá de la valoración que haga la Sala de Casación Penal sobre las pruebas y los argumentos presentados en la apelación.
