Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, senador del Partido de la U, enfrenta una condena dictada por la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de mejoramiento y mantenimiento de la vía Salazar-Arboledas, suscrito en agosto de 2010 cuando se desempeñaba como secretario de Infraestructura de Norte de Santander.
En un fallo de primera instancia —contra el cual aún procede apelación ante la Sala de Casación Penal— el alto tribunal declaró responsable al congresista del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y le impuso una pena de 102 meses y un día de prisión, más una multa equivalente a 125 salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de los hechos, y la inhabilitación para ejercer funciones y derechos públicos por más de nueve años.
No obstante, los magistrados absolvieron al senador del cargo de peculado por apropiación en favor de terceros, al considerar que las pruebas aportadas no fueron suficientes para demostrar esa conducta penal.
“No se demostró que la diferencia de precios con la subcontratación de algunos ítems fuera una apropiación de recursos públicos, ni que existiera una multa impuesta y exigible”.
La sentencia combina una condena por irregularidades contractuales con una absolución por apropiación de recursos, y su alcance final dependerá del trámite del recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal.
